En los años noventa, las entidades financieras internacionales promovieron cambios en la forma de financiar y organizar los sistemas de salud. Tres décadas después, la equidad y la eficiencia siguen siendo problemas centrales de los sistemas de salud en muchos países en vías de desarrollo. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre las reformas de los sistemas de salud impulsadas en Latinoamérica y sugerir elementos de mejora para la cooperación española (CE). Uno de estos cambios, la introducción de la competencia en la gestión del aseguramiento y provisión de los servicios de salud y el aumento de la participación del sector privado –competencia gestionada–, fue ampliamente promocionado a pesar de carecer de evidencia empírica y de haber contado con la oposición de sectores públicos y científicos. Años después de su implantación, la financiación de los sistemas de salud sigue siendo inequitativa y el acceso a los servicios de salud dista de ser universal y adecuado, entre otros motivos, por las barreras a la utilización que imponen las aseguradoras. Más aún, persiste la segmentación en la provisión de la atención y la ineficiencia en sistemas costosos de administrar. El Estado español, en plena transformación de su modelo de cooperación internacional, debería centrar sus esfuerzos en el redireccionamiento de la política de los organismos internacionales hacia el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud en la región y, al mismo tiempo, mejorar la cantidad y la calidad de su ayuda, favoreciendo el liderazgo de los países receptores.

In the 1990s, international financial multilateral agencies promoted changes in the way health systems were financed and organized. Three decades later, equity and efficiency are still central problems of the health systems in developing countries. The present article focuses on the health sector reforms introduced in Latin America in order to draw policy lessons for Spanish aid. One of those reforms, the introduction of competition in health insurance management and provision and the increase of private sector participation – managed competition –, was widely promoted, despite the lack of empirical evidence and the opposition from public and scientific sectors.

Years after its implementation, health system financing is still inequitable and access to health services is far from universal and adequate due to the barriers imposed by insurers, among other reasons. Moreover, segmentation in healthcare provision and inefficiency persist in healthcare systems that are expensive to manage. The Spanish state, currently undergoing a process of transformation of its aid model, should focus its efforts on redressing international agencies’ policies toward strengthening public health systems in the region and, at the same time, toward improving the quantity and quality of aid at country level, favoring the leadership of receiving countries.