Antecedentes/Objetivos: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce el derecho al más alto nivel posible de salud (art. 25) y a la habilitación y rehabilitación (art. 26), no obstante, persisten brechas para su garantía efectiva. Este estudio analiza la distancia entre el derecho a la salud recogido en la CDPD y la realidad del acceso a la salud de las personas con discapacidad física y orgánica (PCDFyO) en España, e identifica buenas prácticas desde una perspectiva interseccional y de derechos.

Métodos: Estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas a personas expertas pertenecientes al movimiento asociativo de la discapacidad (n = 13; 7 mujeres y 6 hombres; ámbitos nacional, autonómico y provincial). Se realizó un análisis temático de sus opiniones informadas sobre el acceso a la salud de las PCDFyO, validado con una revisión documental y con un grupo de contraste con profesionales de COCEMFE, la Confederación Española de PCDFyO.

Resultados: Los resultados muestran la persistencia de múltiples barreras relacionadas en el acceso al sistema sanitario, a la habilitación y rehabilitación y a la salud en sentido amplio, desde los determinantes sociales de la salud. Estas barreras derivan de deficiencias del propio sistema de salud y de la vulneración de derechos sociales, económicos y políticos. Se identifican barreras físicas, comunicativas y digitales, desigualdades territoriales en la cobertura de servicios, copagos y sobrecostes asociados a tratamientos y productos de apoyo, así como déficits en la atención a la cronicidad y en la continuidad asistencial. Asimismo, emergen barreras interseccionales vinculadas al género, la edad, el lugar de residencia, la racialización o la situación administrativa, que profundizan en la inequidad en el acceso. Junto a estas barreras, se recogen buenas prácticas impulsadas desde el sistema público y el sector social, como el refuerzo de servicios híbridos con telemedicina, figuras de apoyo para la gestión de casos y medidas orientadas a potenciar la autonomía y la participación comunitaria.

Conclusiones/Recomendaciones: El estudio evidencia brechas estructurales que comprometen la garantía efectiva de los artículos 25 y 26 de la CDPD en España. Se subraya la necesidad de políticas públicas que eliminen barreras de acceso, aseguren la equidad territorial, reduzcan el sobrecoste en salud que experimentan las PCDFyO y consoliden un enfoque preventivo, interseccional y basado en derechos, incorporando las buenas prácticas identificadas.

Financiación: COCEMFE (conv. 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales). Gracias a las participantes y al GT en Cronicidad, Pacientes y Espacio Sociosanitario-COCEMFE.