Antecedentes/Objetivos: La violencia contra las mujeres y la infancia es un problema prioritario de salud pública. Existe menos evidencia sobre el impacto que los procedimientos judiciales de familia tienen sobre la salud de mujeres y menores que han vivido violencia de género (VG). Estos procesos pueden actuar como un factor retraumatizante agravando la salud. El objetivo del trabajo es analizar la evidencia científica sobre el impacto de los procedimientos judiciales de familia en la salud y el bienestar de mujeres y niños/as expuestos a VG.

Métodos: Revisión sistemática de literatura siguiendo la metodología de JBI y directrices PRISMA 2020.Se llevaron a cabo búsquedas en nueve bases de datos sin restricción de idioma/fecha. Se incluyeron estudios primarios que analizaran resultados en salud de mujeres adultas y/o menores expuestos a violencia en el ámbito familiar y a procedimientos judiciales de familia (custodia, visitas, órdenes de protección, divorcio). La calidad metodológica se evaluó con herramientas del JBI. Se realizó una síntesis narrativa y temática.

Resultados: Se incluyeron 65 estudios (1998 y 2024) con predominio de diseños cualitativos desarrollados principalmente en Estados Unidos y Australia. En mujeres, la participación en procedimientos judiciales, se asocia con un deterioro de la salud mental. Estos procesos se describen como altamente estresantes con manifestaciones físicas frecuentes (insomnio, cefaleas, trastornos gastrointestinales, fatiga crónica, alteraciones menstruales). En procesos prolongados se documentan ideación suicida y autolisis. La presencia del síndrome de alienación parental (SAP) en estos procesos se asocia a una mayor deslegitimación del relato de violencia, y aumento del malestar psicológico y estrés. Otros procedimientos, como las órdenes de protección, muestran mejoras en salud mental cuando reducen la revictimización En niños/as, la exposición a conflictos judiciales en contextos de VG se asocia con ansiedad, depresión, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, somatizaciones y problemas conductuales. Las visitas judiciales con progenitores agresores exacerban los síntomas y los estudios que analizan el uso del SAP, observan mayor riesgo de separación forzada de la figura de apego, incremento del malestar emocional y empeoramiento de la salud mental. Las intervenciones que reducen el conflicto y mejoran la salud mental materna se asocian con mejoras en el bienestar infantil.

Conclusiones/Recomendaciones: Los procedimientos judiciales de familia impactan negativamente en la salud mental y física de mujeres y menores expuestos a VG, actuando como factores de retraumatización. Los resultados subrayan la necesidad de reformas orientadas a minimizar daños en salud y prevenir la revictimización en el ámbito judicial.