La nueva realidad demográfica española, vinculada a la llegada de población inmigrante, ha convertido el debate sobre la inmigración en un asunto central de la política pública. El mercado laboral suele ser la puerta de entrada de esta población al país. Una creencia que nutre los debates sobre inmigración, avalada por las leyes que regulan la entrada de inmigrantes, afirma que los nuevos llegados vienen a cubrir los puestos de trabajo que la población nativa rechaza. En efecto, una de las vías de entrada de inmigrantes se basa en cupos establecidos a partir de la situación del empleo en cada momento, de modo que únicamente están disponibles para los trabajadores inmigrantes aquellos trabajos no cubiertos por trabajadores autóctonos o comunitarios. Sabiendo que las condiciones del empleo tienen un impacto en el estado de salud1–4 nos preguntamos, en primer lugar, qué elementos del puesto de trabajo se traducen en consecuencias irreversibles para la salud y en qué magnitud para inmigrantes y nativos, y en segundo lugar si los inmigrantes tienden a emplearse con más probabilidad en trabajos de mayor riesgo para la salud.

El indicador de salud usado en este trabajo es la discapacidad permanente, provocada por cualquier causa, incluidos accidentes y enfermedades profesionales. No sólo las características físicas del empleo, que tendrán su reflejo cuantificable y objetivo en las tasas de accidente y enfermedad profesional, sino también la temporalidad y el exceso de rutina en el trabajo, tienen consecuencias esperadas en el estado de salud5,6 y se han podido asociar a dolencias concretas7. Lo que nos proponemos medir es hasta qué punto las condiciones laborales, definidas a partir de un conjunto amplio de características, son determinantes de la probabilidad de sufrir una discapacidad permanente, y si la relación entre trabajo y salud presenta elementos diferenciados para los inmigrantes.

El panorama resultante de este estudio debe permitir captar la importancia de las condiciones del empleo para la salud, así como desentrañar si los inmigrantes son especialmente susceptibles a la exposición a peores condiciones de trabajo en términos de efectos para la salud. La existencia de un mercado de trabajo que relega a los inmigrantes a los peores trabajos es de esperar que tenga un reflejo en desigualdades en salud futuras.

Cabe suponer que inmigrantes y nativos difieran en cuanto a las condiciones de acceso al mercado laboral y a las oportunidades de elección de las características del trabajo. A este respecto, ciertas desventajas de los inmigrantes ya han sido apuntadas en trabajos previos8: la falta de adaptación a las habilidades (no mensurables) requeridas por el mercado de trabajo de origen y las situaciones de discriminación relegan a los inmigrantes a trabajos con mayores riesgos para la salud. A su vez, la condición de inmigrante marca en sí misma diferencias en salud y discapacidad9–11.

Para España, los estudios de Ahonen y Benavides12 y de López-Jacob et al13 muestran que el riesgo de sufrir accidentes mortales y no mortales en el trabajo es mayor para los inmigrantes que para los nativos. Otros trabajos internacionales14 obtienen resultados similares, si bien los inmigrantes muestran propensiones mayores a sufrir accidentes mortales, pero menores cuando se trata de accidentes no mortales. Ninguno de estos estudios permite distinguir si la mayor siniestralidad se debe a las características intrínsecas del trabajo o a factores que tienen que ver con los propios individuos, incluida su condición de inmigrantes, lo cual aportaría indicios de discriminación. En nuestro caso, en cambio, la tasa de accidentes es un rasgo definitorio del tipo de trabajo, como una aproximación a la peligrosidad, común a inmigrantes y nativos, y lo que se estima es si dicha «peligrosidad», así como otras características del empleo, tienen un efecto diferente sobre la probabilidad de adquisición de una discapacidad permanente en los nativos y en los inmigrantes. Adicionalmente se investiga si los inmigrantes tienen mayor propensión (voluntaria u «obligada») a emplearse en trabajos de riesgo para la salud.

Se utiliza la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2006 de la Seguridad Social, que combina información de tres fuentes: el Padrón Municipal, los registros de la Seguridad Social y datos fiscales.

La población de referencia son todas las personas que estuvieron dadas de alta o cobraron una pensión de discapacidad en algún momento del año 2006. Para estas personas se dispone de información de toda su vida laboral. El tamaño muestral (1.171.822 individuos) representa el 4% de la población de referencia, obtenido por muestreo aleatorio simple.

Tomamos la relación laboral vigente en 2006 para los individuos no discapacitados, y para los discapacitados aquélla en la cual se registró la discapacidad. Se ha restringido la muestra (38.079 inmigrantes y 710.344 nativos) a las personas que cotizaron al menos 1.800 días, requisito para el cobro de una pensión por discapacidad. El cobro de esta pensión es una de las formas de identificar la aparición de la discapacidad. Contar con una submuestra representativa de población inmigrante que permita comprobar nuestras hipótesis no suele ser frecuente, todavía, en trabajos para España.

El modelo empírico

La aproximación empírica a las preguntas formuladas al inicio se basa en la estimación de tres modelos probit que permitirán determinar: 1) qué condiciones del empleo tienen efectos en la probabilidad de sufrir una discapacidad permanente y en qué magnitud (el modelo se analiza separadamente para inmigrantes y nativos); 2) si son los inmigrantes, en particular los extracomunitarios (no EU-15), los que se exponen con mayor probabilidad a trabajos de riesgo (medidos por el cuartil más elevado de la tasa de ATEP por sector económico y ocupación); y 3) si los inmigrantes se emplean relativamente más en trabajos que reúnen las tres condiciones laborales que hemos calificado como adversas para salud.

La especificación econométrica consiste en la estimación de tres modelos probit univariados, con la fórmula general:

para individuos i, i = 1,…, N. En la fórmula, yi* es una variable no observable que indica la probabilidad de sufrir una discapacidad, la de estar empleado en trabajos dentro del cuartil más elevado de riesgo o la de estar trabajando con condiciones adversas para la salud. El vector xi contiene las variables explicativas. Los términos restantes son el vector de parámetros a estimar, β, y el término de perturbación, εi.

Las estimaciones de los parámetros, junto con sus efectos marginales, se obtienen por máxima verosimilitud mediante un método iterativo implementado en Stata 10. Los efectos marginales se calculan en los valores medios de las variables continuas y como un cambio en la probabilidad resultante de pasar de 0 a 1 en las variables discretas.

Los descriptivos (tabla 1) muestran que la proporción de inmigrantes discapacitados (2,41%) es menor que la de nativos (5,48%). Los trabajadores inmigrantes se emplean, de media, en trabajos de más riesgo y en peores condiciones, pero no tienen, por término medio, peor nivel educativo que los nativos. También se observa que los inmigrantes tienen mayores tasas de temporalidad y peor autonomía y cualificación en el empleo.

Las características del empleo se han mostrado significativas a la hora de dar cuenta de la probabilidad de sufrir una discapacidad (tabla 2). Sus efectos marginales son muy elevados comparados con otras variables; por ejemplo, el efecto de la temporalidad en el empleo es similar (en valor absoluto) al impacto estimado que tiene disponer de estudios superiores para los inmigrantes. El efecto de la falta de autonomía en el empleo (medida por estar empleado en trabajos poco cualificados) también es significativa para explicar diferencias en discapacidad permanente.

Los efectos de las condiciones de trabajo en la discapacidad se han mostrado significativos tanto para los nativos como para los inmigrantes, si bien los efectos marginales son mayores para los primeros (tabla 2). Los inmigrantes ostentan probabilidades menores de sufrir una discapacidad (tabla 2, última fila). Sin embargo, este efecto disminuye a medida que transcurre el tiempo que llevan en España (afiliados más de 7.500 días).

Como muestra la tabla 3, los inmigrantes, en media, se emplean más en tareas de riesgo y asumen peores condiciones laborales, aunque lo hacen de forma muy distinta dependiendo del país de origen del trabajador. Por otro lado, la magnitud del coeficiente, e incluso el signo, cambian según la variable dependiente considerada, riesgo de ATEP o riesgo más otras condiciones laborales adversas, lo cual justifica que hayamos incluido ambas en el análisis.

Uno de los resultados más relevantes es haber comprobado el fuerte impacto de determinadas características del trabajo en la probabilidad de sufrir una discapacidad. Un análisis preliminar de los datos apuntaba ya a este resultado, pues la proporción de inmigrantes y nativos que padecen una situación de discapacidad estando empleados en trabajos con malas condiciones es el doble en comparación con las personas que trabajan en «buenas» condiciones. En numerosos trabajos previos, la ocupación del trabajador forma parte del conjunto de características que definen el estatus socioeconómico de los individuos16, y del que se desprenden efectos para la salud de éstos. Sin embargo, no es tan frecuente el empleo de distintas medidas de las condiciones de trabajo para dar cuenta de sus efectos en la salud. El hecho de medir tanto riesgo de accidente y enfermedad de manera objetiva como efectos mediados por factores psicológicos (los trabajos repetitivos o con falta de autonomía y la temporalidad se asocian a mayores niveles de estrés y ansiedad y a dolencias concretas17) permite un mayor esclarecimiento del papel del trabajo como determinante de la salud.

Adicionalmente, el estudio ha puesto de manifiesto que la magnitud del impacto de las condiciones de trabajo en la salud es diferente para inmigrantes y nativos. Por otro lado, la hipótesis (confirmada en este trabajo) de que los inmigrantes y los nativos difieren en la probabilidad de emplearse en trabajos con efectos negativos para la salud viene avalada por trabajos previos. La mayor exposición de los inmigrantes o de las minorías raciales a riesgos laborales ha sido documentada para distintos países18,19. Robinson20 encuentra, en Estados Unidos, que las personas de raza negra están sobrerrepresentadas en los sectores y ocupaciones de más riesgo, y la diferencia no se explica únicamente por diferencias en el acceso a la educación y en la experiencia.

Uno de los hallazgos de este trabajo consiste precisamente en confirmar el resultado anterior para España: con independencia del nivel educativo (de hecho, de media, los inmigrantes muestran niveles educativos ligeramente superiores), los inmigrantes se emplean en los peores trabajos en términos de efectos para la salud. Sin embargo, otra de las conclusiones relevantes de este trabajo apunta a que el efecto de las condiciones laborales en la salud es menor para los inmigrantes. Investigaciones futuras deben contribuir a esclarecer las razones de esta menor afectación, si bien el resultado es coherente con algún trabajo previo11. Diferencias en producción de salud y seguridad en el trabajo, o un desigual papel del empleo en determinar la salud, podrían explicar estas diferencias. También lo harían razones asociadas a la obtención de una pensión: una menor propensión de los inmigrantes a solicitar pensiones por discapacidad, o una mayor predisposición del sistema a concederlas a nativos que a inmigrantes.

Las diferencias en la probabilidad de sufrir una discapacidad permanente dejan de ser significativas transcurridos unos 10 años. Este resultado es coherente con la hipótesis del «efecto del inmigrante sano»3,21, que plantea un elemento de selección entre los emigrantes, de modo que son los más sanos, con más capacidades productivas, los que con mayor probabilidad abandonan su país de origen. Sin embargo, una limitación de este trabajo se encuentra en la imposibilidad de controlar por el estado de salud inicial, que podría diferir entre inmigrantes y nativos. Y otra limitación consiste en que sólo considera la población de inmigrantes que trabaja en el sector formal, siendo posiblemente en el sector informal donde se concentren las condiciones con peores efectos para la salud.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Se agradece la financiación de la Generalitat de Catalunya al Grup de Recerca Consolidat 54600 PH004 685. M. Solé también ha recibido financiación del Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del programa de Becas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Tanto M. Solé como M. Rodríguez concibieron el estudio y supervisaron todos los aspectos de su realización. M. Solé obtuvo los datos y realizó los análisis. Ambas autoras interpretaron los hallazgos y contribuyeron a la redacción del primer borrador del manuscrito. Ambas autoras aportaron ideas y revisaron los borradores del manuscrito, y aprobaron la versión final. M. Solé es la responsable del artículo.